Lo que algunos describieron inicialmente como un proyecto de vida comunitaria en el sur de Chile terminó convertido, según los testimonios de exintegrantes, en una historia marcada por reglas extremas, pérdida de autonomía y un poder que habría penetrado hasta los vínculos más personales. La comunidad Cahuala, ubicada en Chiloé, enfrenta una investigación penal que pone bajo escrutinio su funcionamiento durante décadas.
La organización fue fundada a fines de la década de 1980 por Enrique Urrutia Aburto, identificado en los relatos como “el Jefe”. Según los antecedentes difundidos por medios nacionales, el grupo llegó a reunir cerca de 40 personas, entre adultos y niños. Sus antiguos miembros sostienen que las normas internas no se limitaban a ordenar la convivencia: también habrían condicionado las relaciones afectivas, la crianza y la libertad individual.
“Era una ley”: las reglas que habrían quebrado el vínculo entre madres e hijos
Uno de los testimonios más impactantes es el de María Luz, exintegrante de la comunidad, quien relató que las normas atribuidas al líder le impedían mantener una relación cercana con su propia hija. “Yo estaba con mi hija, que tenía entre 4 y 5 años, lo peor que yo podía hacer, era acercarme a ella”, recordó en declaraciones difundidas por Teletrece. Según su relato, otras mujeres podían hacerse cargo de la niña mientras ella debía mantenerse alejada.
Patricio Aguirre, otro exintegrante, describió una regla todavía más extrema relacionada con la lactancia. “Ninguna mamá, como nacían en conjuntos, podían amamantar a cualquiera de las guaguas, pero nunca a la que era de ellas. Era una ley”, afirmó. Según su testimonio, la restricción buscaba impedir que se generaran vínculos considerados perjudiciales por la propia organización. La denuncia abre interrogantes sobre el alcance de las normas impuestas y sus consecuencias en la vida de los niños.
Pero el control denunciado no habría terminado en la crianza. María Luz aseguró que tampoco podía vivir libremente su relación de pareja, pues sus asuntos íntimos quedaban expuestos ante el líder. Aguirre, por su parte, sostuvo que este habría llegado a intervenir directamente en los encuentros sexuales entre integrantes. Son acusaciones graves que deberán ser esclarecidas en el proceso judicial y que, por ahora, forman parte de los testimonios conocidos públicamente.
Jornadas laborales y presunto control económico
La dimensión económica también forma parte de los antecedentes del caso. El abogado querellante, Rodrigo Zegers, afirmó que algunos integrantes habrían trabajado durante aproximadamente 15 años bajo contratos formales, pero recibiendo una mesada cercana a los $40 mil mensuales, según los antecedentes que expuso. El profesional denunció que el control de los recursos habría permitido a los responsables acumular bienes gracias al trabajo de los miembros de la comunidad. Estas afirmaciones corresponden a la parte querellante y deberán ser examinadas por la justicia.
El caso también incluye denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores de edad, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el abogado querellante. En 2019, dos víctimas presentaron una querella por hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2015. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Castro y se mantiene bajo reserva debido a la naturaleza de los antecedentes.
La comunidad, que habría llegado a reunir a unas 40 personas, actualmente tendría alrededor de 15 integrantes, según reportes periodísticos. Mientras avanza la investigación, los testimonios de quienes abandonaron Cahuala ponen en cuestión una estructura en la que, según sus relatos, la autoridad habría sobrepasado los límites de la convivencia para alcanzar la intimidad, la maternidad y el trabajo. La responsabilidad penal de los investigados deberá establecerse ante los tribunales: la gravedad de las denuncias exige esclarecer los hechos y determinar si hubo víctimas de delitos durante años sin que la situación saliera a la luz.
