La Contraloría General de la República ordenó a paralizar una millonaria adjudicación de subsidios fiscales que el Ministerio de Transportes (MTT) había asignado sin licitación a una cuestionada empresa de buses.
Se trata de la asignación -por trato directo- del primer «electro corredor» rural de la Región Metropolitana, que pretendía unir mediante buses eléctricos las localidades de Colina y Tiltil con Santiago.
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El proceso, del que participaron al cinco empresas de transporte semi urbano, dispone de un subsidio de recursos públicos de alrededor de US$ 22 millones.
Este financiamiento público fue destinado a la adquisición de unos 40 buses eléctricos, estaciones de carga, transmisión eléctrica e infraestructura para completar el servicio, que será el primer «electro corredor» rural de la RM.
La polémica entre el Ministerio de Transportes y la Contraloría General de la República surgió a raíz de la reclamación ingresada por dos de las tres empresas oferentes que «fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con los términos de referencia entregados», según informó la cartera.
Los errores del proceso
El concurso por trato directo fue diseñado y liderado por la División de Transporte Público Regional (DTPR) del Ministerio de Transportes, que decidió no licitar el negocio sino realizar un «concurso público» para trato directo.
El argumento para el modelo de adjudicación sin licitación de la cartera radicó en la necesidad de acortar los plazos y acelerar el proceso de mejora para el transporte público de una gran cantidad de pasajeros que a diario se trasladan entre la capital y las comunas de Til-Til y Colina.
Consultados por SintesisChile.cl, en la DTPR explicaron que el concurso público cuestionado por Contraloría contó con 10 empresas invitadas, de las cuales solo la mitad cumplió con la entrega de antecedentes para postular.
De esas cinco, una oferta fue desestimada por presentarse fuera plazo, y otros dos fueron declaradas inadmisibles por incumplir con lo solicitado en el proceso.
Se trató justamente de Larapinta y Transportes Mun SpA. las compañías que solicitaron a la Contraloría someter a revisión de juridicidad el concurso público de la DTPR, pese a haber sido descalificadas por errores en sus propuestas.
Así, a la evaluación final pasaron las empresas Damir y CobreExpress, tras evaluarse que cumplieron con todos los requisitos para ello y presentar ofertas dentro del marco establecido, previamente aceptado voluntariamente.
De ellas, el Ministerio de Transportes escogió preliminarmente la oferta de Damir, bajo el criterio de presentar la oferta de «menor precio».
Sin embargo, a juicio de los reclamantes, Damir no cumpliría con las condiciones necesarias para hacerse del servicio, pues al momento de presentar su postulación mantenía más de 2.300 multas impagas, demandas laborales e incluso un proceso de suspensión administrativa por parte del propio MTT.
El cuestionamiento
Según el pronunciamiento E457793 emitido por la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría de marzo pasado, el Ministerio de Transportes (MTT) y la DTPR deberán abstenerse de dar curso a la contratación.
Ello, mientras el órgano no efectúe el control previo de juridicidad (para revisar si el proceso se ajustó al espíritu de un concurso público) al que dicha cartera deberá someter el proceso administrativo que le permitió asignar a Damir el millonario negocio.
En ese contexto, Transportes Mun y LaraPinta recurrieron al órgano contralor denunciando supuestos vicios de legalidad en el proceso de trato directo.
A juicio de los reclamantes, Damir no ofrecería las garantías mínimas necesarias para ofrecer un servicio adecuado, dado su historial comercial y administrativo.
Consideran que una empresa que ha sido cuestionada por multas impagas, no debería calificar para prestar un servicio de transporte de pasajeros con subsidios públicos.
No obstante, tanto el municipio de Colina como la propia empresa adjudicataria informaron respecto del término del proceso y hasta difundieron imágenes con la firma del contrato (ver fotografías del texto).
La respuesta de Transportes
Consultados por SintesisChile desde la DTPR del Ministerio de Transportes quitaron dramatismo a la intervención de Contraloría.
Según fuentes del Gobierno, la DTPR prepara un dossier de respuesta a la Contraloría, en que el argumento de que la oferta seleccionada (Damir Buses) sería la de mejor precio y por lo tanto, la más conveniente para los intereses fiscales.
En cuanto a las multas y procesos sancionatorios que afectan a Damir Buses, desde la cartera explicaron que estos antecedentes no fueron parte de los requisitos de postulación y solo incidirían si se transforman en sanciones concretas al momento de la toma de razón por parte de Contraloría.
Según fuentes gubernamentales las dos compañías reclamantes presentaron ofertas con errores técnicos, incumpliendo los requisitos básicos del proceso y por lo tanto, estarían impedidas desde su origen para adjudicarse el proceso y el trato directo.
Consultados respecto de si la DTPR tuvo en consideración las multas, al momento de evaluar las ofertas, la entidad ministerial afirmó que «los términos de referencia contienen todas las exigencias legales y administrativas que corresponden, para todo quien participe en este tipo de licitaciones».
Respecto de la idoneidad de la empresa Damir, el ministerio de Transportes afirmó que «como toda contratación, ésta debe cumplir con todas las formalidades que la ley exige, los cuales contienen mecanismos para procurar la prestación de un buen servicio, lo cual incluye multas, garantías, causales de término anticipado, entre otras».
VER el oficio de Contraloría aquí: CGR
