bajo la lupa. Tras el golpe que significó el informe de Contraloría, donde se cuestiona compras que habrían beneficiado la campaña, llegó la acción judicial. Fiscalía Oriente abre investigación contra Orrego por presuntas irregularidades.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, será investigado por la Fiscalía Oriente tras un informe de Contraloría que detectó posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña a la reelección. El documento forma parte de una revisión más amplia a seis gobiernos regionales, pero es en el de Orrego donde se concentran algunas de las observaciones más graves.
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Contraloría identificó una serie de situaciones que podrían constituir faltas a la probidad y al uso correcto de recursos públicos. Cuatro puntos concentran la atención.
El primero es la contratación de servicios de coaching ontológico por más de $31 millones, cuyos contenidos —según el informe— tendrían vínculos con contextos políticos y campañas electorales. La actividad se desarrolló en plena época de reelección.
El segundo cuestionamiento apunta a compras por más de $51 millones mediante trato directo, sin respaldo documental suficiente que acredite el cumplimiento de los contratos.
El tercero involucra a una consultora contratada por $46 millones, sin que existan antecedentes de que los servicios hayan sido efectivamente prestados.
Fiscalía Oriente abre investigación contra Orrego por presuntas irregularidades. Y el cuarto observa un contrato por $109 millones con otra empresa, cuya idoneidad técnica no fue debidamente justificada.
Orrego se defiende de las acusaciones
Frente a la polémica, Orrego negó tajantemente cualquier uso irregular de recursos públicos con fines electorales. Afirmó que su campaña fue financiada exclusivamente mediante créditos bancarios por $800 millones, gestionados a través de BancoEstado y Banco BICE.
También defendió el programa de coaching, asegurando que se trata de una iniciativa de fortalecimiento organizacional que existe desde 2021. Según el gobernador, los extractos citados por Contraloría fueron sacados de contexto y no tienen relación con actividades proselitistas.
Orrego recalcó que el informe aún no es definitivo y que tiene entre 15 y 90 días para responder a las observaciones. Añadió que su equipo ya trabaja en la recopilación de antecedentes para aclarar los puntos cuestionados.
Además, anunció que interpondrá un recurso de reconsideración ante la propia Contraloría, con el objetivo de revertir o corregir lo que considera errores de interpretación en el informe.
