La bomba estalló en cámara lenta, pero con efecto expansivo. Nuevos chats revelados en el marco del caso ProCultura volvieron a poner contra las cuerdas al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que el psiquiatra Alberto Larraín —hoy imputado— lo mencionara directamente en conversaciones privadas vinculadas a millonarios convenios financiados con recursos públicos.
Los mensajes, incorporados a la carpeta investigativa tras la incautación de celulares y peritajes de Fiscalía, exponen un nivel de cercanía que va más allá de lo protocolar. En uno de los intercambios más sensibles, Larraín afirma que Orrego “le quiere pasar como dos mil millones”, en alusión a fondos destinados a programas de salud mental. La frase no solo encendió alarmas políticas: también reavivó las sospechas sobre la forma en que se adjudicaron proyectos a la Fundación ProCultura.
Chats explosivos de Larraín
La trama se conecta con el convenio del programa “Quédate”, iniciativa de prevención del suicidio que implicó transferencias por más de mil millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano hacia la fundación dirigida por Larraín. Parte de esos recursos —según indaga el Ministerio Público— no habrían sido rendidos adecuadamente, mientras otra fracción terminó depositada en instrumentos financieros, un movimiento que hoy está bajo la lupa judicial.
Pero el contenido de los chats no se limita a cifras. También deja ver confianzas políticas y personales construidas durante años, con mensajes que revelan coordinación previa a reuniones, interés por impulsar proyectos conjuntos e incluso celebraciones tras triunfos electorales. Un cuadro que, sin constituir por sí solo delito, tensiona la defensa pública del gobernador, quien ha insistido en que no existieron asignaciones directas fuera de la institucionalidad.
Con la Fiscalía avanzando en diligencias y la posibilidad de un desafuero sobre la mesa, el caso suma presión sobre la figura de Orrego y vuelve a instalar el fantasma de los convenios en la política regional. Porque cuando los chats dejan de ser privados y pasan a ser evidencia, la narrativa cambia: ya no se trata de confianzas, sino de responsabilidades que podrían terminar definiéndose en tribunales.
