El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel cruzó el límite judicial: retiró letrero en Ñuñoa pese a orden de tribunal y queda expuesto a desacato, lo que podría traerle incluso arresto.
El problema ya no es si los letreros publicitarios de Ñuñoa cuentan o no con permisos municipales.
Tampoco si la administración del alcalde Sebastián Sichel tiene facultades para ordenar la comuna y fiscalizar estructuras instaladas en bienes nacionales de uso público.
El punto central ahora es otro, mucho más grave: la Municipalidad de Ñuñoa habría sobrepasado una orden judicial vigente que le impedía intervenir una estructura publicitaria.
Ello ocurrió con la estructura publicitaria ubicada en calle General José Artigas -frente al supermercado Unimarc-, y con ello dejó a su alcalde expuesto a una acusación de desacato ante los tribunales de justicia.
Según los antecedentes conocidos por SintesisChile.cl, existía una prohibición judicial expresa y actualmente vigente sobre la estructura que el municipio pretendía retirar.
Pese a ello, la administración comunal habría avanzado en su desmontaje, desconociendo una resolución judicial dictada para resguardar bienes de propiedad de una empresa de publicidad.
Quienes conocen el origen del conflicto, aseguran que la decisión de Sichel no solo apunta al beneficio colectivo de los vecinos de Ñuñoa.
Pareciera que también obedece también al interés del equipo más cercano del edil, por “cobrar” viejas rencillas con la firma publicitaria.
Las mismas fuentes relatan viejas deudas por una fallida campaña propagandística de Sichel al Congreso -por la DC- por la que habría dejado impagos varios cheques extendido por varios de los mismos operadores que hoy componen su círculo en el municipio.
Extraña porfía
La secuencia es clave. La medida precautoria fue notificada legalmente a la Municipalidad de Ñuñoa el 27 de mayo pasado, pero pese a ello, el círculo de hierro del edil prosiguió con su intención.
Según se pudo constatar, hasta la ejecución del contrato para el desmantelamiento, el municipio no habría deducido recurso ni impugnación alguna.
Por ello, según una reclamación particular que desde ayer viernes de encuentra en los escritorios de todos los concejales, la orden quedó firme y plenamente vigente.
Más aún: el 12 de junio de 2026, el 20° Juzgado Civil de Santiago reiteró el mandato de cumplir estrictamente la prohibición decretada, bajo apercibimiento de multas y arrestos.
En términos simples: el tribunal habría dicho dos veces que la municipalidad no podía intervenir. Y aun así, según la denuncia, el municipio avanzó, revelando algún tipo de extraña porfía.
El desacato que complica personalmente a Sichel
El eventual desacato no es una figura retórica. El artículo 240 del Código de Procedimiento Civil establece que quien quebrante lo ordenado cumplir por un tribunal puede ser sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.
En paralelo, el artículo 238 del mismo cuerpo legal faculta al juez a imponer medidas de apremio, incluidas multas y arresto, para hacer cumplir resoluciones judiciales.
Por eso, el caso representa un salto cualitativo en los conflictos que arrastra la administración Sichel.
En este escenario, cualquier editorialista podría deducir que ya no se trata solo de una pugna con empresas de publicidad, ni de una disputa urbanística.
Se trata en el fondo de una extraña obsesión. Sobre todo, considerando que el ingreso mensual por un elemento publicitario de esta envergadura podría superar fácilmente los $2 millones.
Ahora, desde las perspectiva del Estado de Derecho, otra duda razonable sería ¿puede un alcalde ejecutar materialmente una decisión administrativa cuando un tribunal ya le ordenó abstenerse?.
Y es precisamente a esos argumentos a los que apela la reclamación conocida por Sintesischile.cl, que apunta directamente al jefe comunal.
Notificación personal acreditada
El documento sostiene que Sebastián Sichel, además de alcalde, es abogado y habría sido personalmente notificado de la medida precautoria, por lo que no podría invocar ignorancia sobre el alcance de la orden judicial ni sobre las consecuencias de incumplirla.
La misma presentación advierte que la empresa operadora del elemento publicitario -Pawer Grafics- solicitará hacer efectivo el apercibimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
Perseguirá responsabilidades penales por el delito de desacato del artículo 240 y buscará hacer efectiva la responsabilidad personal del alcalde y de todos los funcionarios que hayan dispuesto, autorizado o ejecutado el retiro en contravención de la orden judicial.
La frase más dura del reclamo resume el corazón del caso: al intervenir la estructura mientras el juicio sigue pendiente, la Municipalidad de Ñuñoa habría actuado por autotutela.
En otras palabras, actuó como si pudiera reemplazar a los tribunales de justicia y ejecutar por sola intención del círculo del alcalde, «una pretensión que aún se encuentra sometida a decisión judicial».
La ofensiva por los letreros y el antecedente de Tomás Fuentes
El conflicto por la publicidad urbana venía incubándose desde 2025.
Anteriormente que, durante una ausencia de Sichel, el administrador municipal Tomás Fuentes —en calidad de alcalde subrogante— emitió el decreto 01532/25, mediante el cual ordenó la demolición de varias paletas publicitarias.
La medida apuntaba a estructuras operadas por Power Grafics S.A. y Rutas S.A., el mismo holding que ahora reclamó esta ilegalidad.
La misma investigación reveló un flanco delicado: Fuentes mantenía una millonaria deuda por publicidad electoral, cercana a $19 millones, vinculada a campañas anteriores.
Según la publicación, la firma publicitaria le advirtió que debía abstenerse de intervenir en ese asunto, porque la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado prohíbe a las autoridades actuar en materias en que tengan interés personal.
Ese antecedente instaló una primera sospecha sobre el origen y motivación de la ofensiva municipal contra las estructuras publicitarias.
Pero el nuevo episodio agrava el cuadro: ahora ya no se discute solo si hubo conflicto de interés de un administrador municipal, sino si el propio alcalde Sebastián Sichel permitió o impulsó una actuación municipal en abierta contradicción con una orden judicial vigente.
La diferencia es sustantiva a simple vista. Un conflicto de interés puede abrir sumarios, cuestionamientos de probidad o investigaciones administrativas.
Un desacato, en cambio, supone un enfrentamiento directo del alcalde con el poder de los tribunales.
Ñuñoa y el estilo de gobernar al borde de la norma
El episodio se suma a una seguidilla de controversias que han marcado la administración Sichel.
La prensa ya había descrito el estilo de conducción del alcalde como precipitado y confrontacional, con conflictos por parquímetros, tratos directos, licitaciones de basura.
A ellos se añadió la mantención de áreas verdes, seguridad comunal y decisiones adoptadas sin suficiente consulta al Concejo Municipal.
En esa investigación se recordó que la Contraloría ya había interpretado como ilegal el intento de Sichel de decretar una especie de “estado de emergencia” comunal en seguridad.
También se informó que el equipo del alcalde enfrentaba cuestionamientos por el nombramiento de un juez subrogante del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, debido a sus vínculos de amistad y trabajo con Tomás Fuentes.
De hecho el mismo ex administrador vivió un doloroso bochorno luego de que La Tercera denunciara que la Contraloría había objetado su nombramiento tras inclumplir una condena por conducción en estado de ebriedad.
La nota recogió críticas internas y del mundo judicial por la eventual influencia que podría ejercer el gabinete alcaldicio sobre procesos vecinales, ordenanzas y multas comunales.
Visto en perspectiva, el caso de General José Artigas no aparece como un hecho aislado. Se inserta en una línea de episodios donde la administración Sichel ha sido acusada de avanzar al límite —o más allá— de sus facultades.
Nicolás Preuss: el operador a cargo de una licitación sensible
Otro nombre que aparece en el mapa político-técnico de esta controversia es Nicolás Preuss, figura vinculada a la Secretaría Comunal de Planificación de Ñuñoa y devenido en figura televisiva como panelista del programa Sin Filtros.
Actualmente, Preuss aparece en esta trama como asociado a procesos de contratación municipal.
En Mercado Público figura como responsable de contrato en una licitación municipal de 2026 ligada a Secpla, unidad clave para la planificación y ejecución de contrataciones comunales.
Su perfil arrastra episodios ampliamente reportados por la prensa.
En 2014, El Mostrador informó que Preuss fue acusado de “malas prácticas” por la adjudicación de una asesoría comunicacional de $95 millones a Paréntesis Comunicaciones, empresa ligada a Sebastián Iglesias Sichel.
La publicación consignó que Preuss habría trabajado en la campaña a diputado de Sichel y que ambos compartían militancia DC y vínculos con Fuerza Pública.
El medio recordó que Preuss trabajó activamente en la fallida campaña parlamentaria de Sichel.
En 2016, Preuss volvió a aparecer en la prensa por su salida del Injuv: El Mostrador publicó que habría sido despedido luego de llegar atrasado y en “evidente estado de ebriedad” a una actividad en la Región de Valdivia.
BioBioChile, por su parte, informó que el Gobierno pidió su renuncia tras ser acusado de llegar ebrio a un acto, aunque el propio Preuss negó categóricamente la acusación y la atribuyó a una operación política.
El «condoro» contra Bachelet
Quienes estuvieron presentes ese día entregan otra versión. Indican que el episodio fue tan grosero con la figura de la ex Presidenta Bachelet, que “a Preuss no hubo cómo defenderlo”.
La presencia de Preuss en una zona sensible de la administración municipal —planificación, contratos y ejecución de servicios— refuerza las dudas sobre el entorno operativo de Sichel.
Ello, especialmente cuando el retiro de estructuras publicitarias ya escaló desde un conflicto comunal a una disputa judicial con riesgo penal, y que parecen tener un origen distinto al orientado al bienestar comunal.
La presencia del controvertido DC en este episodio hizo a varias fuentes recordar que fue el propio Preuss quien aportó los cheques para la contratación de la propaganda vial de Sichel.
Las dudas del caso
La Municipalidad de Ñuñoa y el círculo cercano del alcalde Sichel sostienen que buscan despejar la vía pública, ordenar el espacio urbano o corregir años de permisividad administrativa.
No obstante, tanto Sichel como Preuss y Fuentes -dos de sus más cercanos colaboradores- aparecen relacionados en controvertidos episodios financieros y publicitarios con la misma empresa que ahora parecen querer erradicar de Ñuñoa.
Ahora la duda apunta a ¿por qué se habría intervenido una estructura sobre la cual pesaba una prohibición judicial expresa?.
¿Cuál sería el verdadero motivo que llevó al municipio a torcer una orden judicial?, pesará en estas decisiones un complejo pasado de conflictos.
En Ñuñoa, el retiro de un letrero dejó de ser un asunto de publicidad. Ahora, el Concejo Municipal deberá evaluar si crucifica el accionar del otrora candidato presidencial o le perdona esta posible nueva ilegalidad.
