«Vengo denunciando el tema de la corrupción como un gran tema en nuestro país, pero parece que las vacas volaran y eso fuera normal: En Agosto se presentó una querella por el delito de corrupción… coimas.. que se le exigieron (sic) a un empresario para recibirle sus departamentos».
Así fue la bomba que soltó la senadora Demócrata, Ximena Rincón, el martes pasado en el programa político Sin Filtros, develando la guerra que por estos días tiene transformada en un campo de trincheras a la comuna de Estación Central.
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Ahí, la ya conocida disputa entre la inmobiliaria Biba (ex SuKsa) con el municipio y los vecinos por la presencia de varios mega edificios construidos pero desocupados desde 2019 dejó de ser un problema urbanístico y pasó derechamente a disputarse en el plano político y penal.
Todo, a espaldas del drama que día a día viven cientos de vecinos nativos de Estación Central que solo en la última década experimentaron la proliferación inorgánica de más de 102 proyectos inmobiliarios, con más de 23 mil departamentos y el consiguiente deterioro progresivo de su calidad de vida.
Senadores de regiones al ataque
La acusación de la senadora Demócrata y ex intendenta se sumó al coro de voces que saltaron a la arena acusando directamente presuntos malos manejos de parte del municipio de Estación Central.
En resumen, tanto la inmobiliaria Grupo Biba (Ex SuKsa) -que encabeza el empresario Armando Ide– como los parlamentarios, acusan directamente al alcalde Muñoz y su equipo de delitos, como el supuesto cobro de sobornos a cambio de la tramitación final de los millonarios proyectos.
A ello, se suma la intervención de los abogados Cristián Espejo y David Cademartori que hace unas semanas presentaron -a nombre de Armando Ide y la inmobiliaria- una denuncia por cohecho contra varios funcionarios municipales de Estación Central, Recoleta y en contra del edil en ejercicio.
Según fuentes de la causa, el hecho concreto se trataría de al menos una reunión informal, presuntamente en dependencias de la seremi metropolitana de Vivienda, al que habría sido citado el empresario. Ahí se le habría planteado que para obtener recepción de sus proyectos debía pagar.
A estas acusaciones se sumó el senador socialista Fidel Espinoza, quien coincidió con Rincón en la misma edición del programa Sin Filtros y aseguró que «pertenezco a la comisión de Vivienda (del Senado) y puedo dar fe que esos hechos que tú (la senadora) denuncias son totalmente verdaderos», dijo Espinoza.
«Es un tema asqueroso»
Más tarde, requerida por SintesisChile.cl la senadora Rincón, afirmó que «se trata de un tema asqueroso, en que hay cuatro fallos de la Contraloría y todos dicen lo mismo: que los edificios cumplen con todos los requerimientos para ser recibidos (…) pero les pidieron coimas y ellos dijeron que no».
La denuncia concreta en manos de la Fiscalía apunta a que en la supuesta reunión en dependencias de la Seremi de vivienda, ejectivos de la inmobiliaria habrían sido coercionados por representantes de los municipios de Recoleta y Estación Central.
Ahí -afirman las mismas fuentes- se habría producido el delito por parte de los funcionarios municipales. Y habría testigos.
Cabe recordar que la acusación se enmarca en la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía a propósito del singular convenio entre los municipios de Estación Central y Recoleta (bajo la administración de Daniel Jadue) en que ese municipio debía asesorar a Estación Central en torno a la problemática urbanística detonada por los denominados Guetos Verticales.
En ese tenor, tanto los senadores como los abogados de la inmobiliaria aseguran que el alcalde Muñoz ha sido citado a declarar en calidad de imputado, pero desde el municipio aseguran que tal imputación no le ha sido comunicada.
Así lo afirmó a nombre de la inmobiliaria el abogado Cristián Espejo, quien aseguró que «hay varias situaciones nuevas que están en la carpeta investigativa: han declarado inmobiliarias que pagaron, otros que fueron tentados pero no aceptaron, etc…».
Según Espejo también «hay gente que participó y que ha confesado, otros testigos que no participaron del delito pero han reconocido que sabían que esta era una maquinaria que montaron desde Recoleta hacia Estación Central».
Respecto del rol de Ide y el grupo Biba, Espejo explicó que «esto no lo denuncian ellos, pero ellos se sumaron porque también son víctimas», insinuando que a la constructora Biba se le habría cobrado platas negras a cambio de tramitar sus proyectos.
El origen de los permisos
Pero lo curioso del tema es que la arista penal se activó ahora, casi una década después de la tramitación fraudulenta de los permisos de obras.
Un dato no menor radica en que tanto la Contraloría como la Seremi de Vivienda han declarado que los permisos de obras aprobados inicialmente por el municipio -durante la administración del ex alcalde Rodrigo Delgado- fueron concedidos fuera de norma, por lo que todo el proceso estaría invalidado.
«Ese solo hecho da pie para pensar que la inmobiliaria está aprovechando una coyuntura penal y política para disfrazar sus propias faltas e irregularidades en torno a un negocio sucio, que peligra», aseguró una ex autoridad regional de Gobierno, conocedora de los denominados «Guetos Verticales».
De hecho, el órgano contralor se ha pronunciado al menos en dos ocasiones declarando la nulidad de dichos trámites y ha autorizado la recepción a regañadientes y siempre con la condición de que se cumplan al pie de la letra con los permisos originales.
Así, a la luz de la interpretación técnica de la Contraloría, ni la Seremi de Vivienda ni el municipio están autorizados a tramitar la entrega definitiva de los departamentos si dichas obras sufrieron modificaciones por encima de los márgenes que los propios permisos, viciados en su origen, explicitan.
En otras palabras, el órgano contralor optó por hacer vista gorda de las ilegalidades administrativas, y estaría por aprobar su entrega siempre y cuando las pretensiones de la inmobiliaria de exprimir o estirar aún más el elástico no impliquen una segunda violación de la normativa.
Sin embargo, como la constructora viene efectuando cambios a los proyectos desde 2019, estos intentos por modificar las obras con fines comerciales han impedido que tanto la Seremi como el municipio puedan aprobar la entrada en operaciones de las cuatro mega construcciones.
El triunfo judicial del Alcalde Muñoz
En medio de la trifulca, ayer se conoció que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el Recurso de Amparo Económico solicitado por la Inmobiliaria que apuntaba a obligar al municipio y la Seremi a aprobar forzosamente, con el pretexto de una supuesta violación de su derecho de emprendimiento.
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«Desde este punto de vista, analizados los elementos de juicio acompañados por la partes, no se evidencia que las instituciones contra las que se recurre de amparo económico hayan amagado el derecho de la amparada a desarrollar su actividad económica» estimaron los ministros del tribunal de alzada.
Lo anterior complica aún mas una mirada imparcial del conflicto, puesto que echa por tierra la tesis de la inmobiliaria en el sentido de que existiría un eventual atropello a sus garantías de parte de la Municipalidad de Estación Central.
Dicha visión contrasta con la de los senadores Ximena Rincón y Fidel Espinoza -del Maule y Los Lagos, respectivamente- quienes pasaron a ser parte de la poderosa armada con que Suksa torpedea las decisiones del municipio.
El rol de Montes y la seremi
Al embrollo se suma la delicada situación del ministro (PS) Carlos Montes, quien ha intentado posicionarse por fuera del conflicto, pero cada vez se ve más atraído al ojo del huracán.
Lo que se sabe de su rol es que ha solicitado a la seremi Carolina Casanova buscar la mejor forma de destrabar el conflicto. De hecho hace pocas semanas ordenó incluso la apertura de una «mesa de diálogo» técnico para acercar posiciones.
Sin embargo, el ministro de Vivienda, está colateralmente vinculado a la arista penal, ya que su nuera, la fiscal Giovanna Herrera, fue la persecutora que partió con la indagación del convenio entre los municipios de Recoleta y Estación Central.
De hecho, solo luego de lograr significativos avances en torno al rol del ex alcalde y ex ministro del Interior Rodrigo Delgado y de la actual administración, se vio forzada a desligarse de la causa en favor de su colega Ximena Chong debido a su evidente y notoria vinculación con la causa.
Con todo, los únicos que tempranamente fueron derrotados en esta guerra sin cuartel son los residentes de la comuna, las verdaderas víctimas del descontrol urbanístico y apetitoso escenario financiero que se abrió en la otrora comuna terminal de Santiago.
Son ellos los que siguen viviendo a la sombra de estas moles de concreto, soportando el recurrente hedor de las alcantarillas saturadas, las incesantes alarmas de autos mal estacionados por las noches…. y la falta de atención oportuna en salud y seguridad, características que día a día parecen poner a Estación Central justo en el centro de su nuevo apodo: La Pequeña Caracas.
