Durante la tarde del 8 de noviembre de este año, el gobierno del Presidente Boric ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que reforma el Sistema Previsional Chileno, tan en boga en los últimos años en el país, siendo uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y en la última acumula al menos otros ocho iniciativas de ley.
El proyecto, que fue una de las promesas de campaña del Presidente Boric y uno de los temas más relevantes en la fallida propuesta de nueva Constitución -rechazada abrumadoramente el 4 de septiembre pasado-, recoge los principales elementos ideológicos de la coalición gobernante, sin embargo se topa con aquellos aspectos más sensibles que la población valora del actual sistema. El de la propiedad.
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Para entender a grandes rasgos de qué trata la nueva propuesta hay que decir que se eleva la cotización previsional a un 16%, se agrega un ente público que recauda e invierte dichas contribuciones, establece un porcentaje inter e intrageneracional y elimina lo que se conoce hasta hoy como el retiro programado, lo que se traduce en que los jubilados cada año deberán, obligatoriamente, acogerse a una renta vitalicia que permita al jubilado tener una renta hasta el final de su vida, pero sacrificando la propiedad de la misma.
Cotización y renta tope
Como comentamos, una de las grandes novedades que contiene la reforma es el aumento de la cotización actual a un 16%, lo que significa un 60% más de lo que actualmente cotizan los trabajadores contratados.
La estructura para esa cotización, también rompe con el actual sistema ya que el 6% adicional, con cargo al empleador, se repartirá en 4,2% para el fondo colectivo del registro de ahorros individuales y un 1,8% para reparto equitativo de beneficios.
Esto ha generado gran polémica ya que al ser un elemento pagado por los empleadores, se estima que en un contexto de crisis y bajo crecimiento como el que vive Chile, esta política pueda afectar la recuperación del empleo, el aumento de los salarios y/o la desformalización del trabajo, que postpandemia ha registrado un alza considerable y que pone a los ciudadanos en condiciones de total desmedro en términos de prestaciones de salud y seguridad social.
Además de lo anterior, otra de las modificaciones al sistema que involucra el proyecto es el aumento de la renta tope, es decir, aquel monto sobre el cual se calcula la cotización. Ello, pasando de 81.6 UF actuales a las 122.6 UF, el primer efecto obvio es la disminución del sueldo líquido de quienes perciben estas rentas y el consiguiente aumento de costos para el empleador, lo que es un incentivo más al trabajo informal.
El IPPA y el IPA
Otra de las grandes modificaciones, quizás la más emblemática, es laaparición de un nuevo órgano estatal que será encargado de administrar la inversión de la cotización adicional y la desaparición de las AFP tal como se conocen hoy en día, pasando a ser un organismo nétamente administrador del 10% de las cuentas, el cual se llamara Inversor Previsional Público Autónomo (IPPA).
Así, tal como se ha planteado, las personas podrán optar entre mantener sus fondos en el inversor privado o recurrir al estatal, sólo con el 10% actual de cotizaciones. El resto, tal como se comentó ira a una cuenta nacional en un porcentaje y a un ahorro colectivo, el cual será gestionado por un Inversor Previsional Público y Autónomo. (IPPA).
Además de ello, la reforma implica el fin de uno de los elementos que más posibilidades de libertad les ha dado a los usuarios. Esto es lo multifondos.
La política, que se implementó en el gobierno de Ricardo Lagos, permitía a los usuarios optar entre cinco fondos, desde el más riesgoso hasta el más cauteloso. Esto llevó a que las personas bajo su responsabilidad y libertad, pudiesen mover sus ahorros. Esto, en la propuesta, tiene fecha final.
Lo anterior, será reemplazado por un tipo de fondo dirigido por el estado quienes, según un criterio de edad, definirán en qué tipo de fondo estén los afiliados.
La reforma también entrega un rol fundamental a otro órgano estatal, el Instituto de Previsión Social ya que además de la administración de las cuentas de afiliados, se encargará de la recaudación del 10,5% del trabajador y el 6% del empleador. También velará por la gestión de beneficios, seguros sociales.
La propiedad queda en el aíre
Si bien todo lo anterior es preocupante para los ciudadanos y para el modelo de pensiones que ha permitido a Chile crecer y tener un sistema reconocido en el mundo entero, lo que más preocupa a las personas es la propiedad de los fondo, sobre todo si se cuenta que durante el período de pandemia hubo 3 retiros de los fondos de AFP lo que generó una mayor conciencia de la propiedad de los mismos.
Este elemento es central en la discusión, ya quie la reforma elimina el retiro programado de los fondos, que es lo que las personas actualmente tienen como opción con las afp y propone un sistema de rentas vitalicias.
Estas últimas existen en la actualidad y son opcionales para cada afiliado, de nuevo generando un incentivo a la libertad y la responsabilidad individual. Sin embargo aquello no es lo más relevante.
El retiro programado es el que permite heredar los fondos de pensiones ya que no se renuncia a la propiedad. Muy por el contrario, las rentas vitalicias al ser un elemento que asegura un «sueldo» para toda la vida, implica renunciar a la propiedad de ese dinero. Es decir si un jubilado muere en un plazo de un mes, por ejemplo, de haber firmado su renta vitalicia, todos sus fondos pasan al poder de la aseguradora.
Ahora, cierto es que el proyecto contempla la renta vitalicia heredable, sin embargo esto pasará a ser un privilegio para quienes paguen por ello, generando un incentivo a las aseguradoras por entregar menores pensiones a quienes quieran heredar sus fondos.
La discusión recién comienza y será el congreso el que determine el final de la historia. Lo cierto es que hay mucho en juego y habrá que esperar para tantear a las diferentes coaliciones políticas y ver quiénes están por la libertad y la propiedad y quienes optan por el camino del estado presente.
