Lo que partió como un presunto secuestro con ribetes alarmantes terminó convertido en un episodio que roza lo absurdo y golpea de lleno la credibilidad política. El concejal de San Felipe, Ronald Olivares, pasó de víctima a protagonista de un montaje que él mismo terminó reconociendo: no hubo plagio, no hubo delincuentes organizados, sino una noche de consumo de drogas, alcohol y decisiones que ahora desatan cuestionamientos públicos.
Según su propia confesión ante policías, la historia real dista mucho del relato inicial. El concejal salió de un domicilio familiar con una excusa menor, pero en realidad se dirigía a comprar droga. En ese trayecto, se encontró con un grupo de sujetos que lo llevaron hasta un “ruco”, donde no solo concretó la compra, sino que terminó participando de una extensa jornada de consumo y carrete, rodeado incluso de armas blancas y de fuego, lo que —según declaró— lo hizo sentirse intimidado.
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Concejal “secuestrado” se derrumba
El episodio escala aún más cuando se revela el trasfondo económico: Olivares habría gastado cerca de 350 mil pesos en sustancias y alcohol, dinero que correspondía a viáticos destinados a una capacitación. En medio del caos, decidió retirarse del lugar por sus propios medios y, ya fuera de escena, optó por construir una versión falsa: denunció un secuestro para ocultar su conducta tanto ante su familia como en su rol institucional.
Pero la caída fue rápida. La presión investigativa y las inconsistencias del relato terminaron por derrumbar la historia, obligándolo a admitir que todo había sido una invención. Más aún, el propio concejal reconoció una recaída en su adicción a las drogas, abriendo una arista personal que complejiza el caso, pero que no logra diluir el impacto político del engaño.
Este vuelco no solo expone un episodio personal descontrolado, sino que instala una pregunta incómoda: ¿qué tan frágil es la línea entre la vida privada de una autoridad y su responsabilidad pública? Porque aquí no se trata solo de una noche de excesos, sino de una mentira que movilizó recursos, generó alarma y dejó en entredicho la palabra de una autoridad electa.
