La promesa dejó de ser discurso. A poco más de un mes de haber asumido, el gobierno de José Antonio Kast puso fecha a una de sus medidas más emblemáticas: el primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular. Será esta misma semana, en un intento por mostrar resultados concretos donde hasta ahora solo había anuncios.
El operativo —que se concretaría este jueves— busca marcar un punto de inflexión en la política migratoria del Ejecutivo, alineándose con el eje central de su campaña: control de fronteras, seguridad y combate al crimen organizado. Pero el simbolismo del vuelo es tan potente como incómodo: llega tras semanas de presión interna y externa por la falta de acciones visibles en una de las principales banderas del oficialismo.
Kast fija primer vuelo de expulsión
Según antecedentes recientes, el plan contempla la expulsión de cerca de 40 personas, principalmente hacia países como Colombia y Ecuador, en lo que será el primer ensayo práctico de una política que enfrenta más obstáculos de los previstos. Porque detrás del anuncio hay una realidad menos épica: dificultades diplomáticas, costos elevados y una cifra que incomoda —decenas de miles de órdenes de expulsión que siguen sin ejecutarse.
El problema no es solo operativo, es político. Durante la campaña, el entonces candidato prometió medidas inmediatas y masivas. Hoy, ya instalado en La Moneda, el margen de acción se estrecha frente a la burocracia, los recursos limitados y las tensiones internacionales. El resultado: un gobierno que necesita mostrar avances rápidos en un tema donde el electorado exige resultados concretos, no proyecciones.
Así, el primer vuelo no solo transporta pasajeros: carga expectativas. Es el inicio de una estrategia que busca endurecer la señal del Estado frente a la migración irregular, pero que también expone sus límites. Porque en política, ejecutar es mucho más complejo que prometer. Y este despegue, más que un cierre, parece apenas el comienzo de una prueba mayor.
