El 12 de julio el Ministerio de Agricultura emitió el oficio N° 637 relacionado a un instructivo que ordenaba al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales, suspendiendo así todas las solicitudes en que se sospechara que esos terrenos serían destinados a fines habitacionales.
Esto provocó la molestia inmediata de la industria por lo que diversas inmobiliarias llevaron el tema a la justicia para suspender el instructivo.
En octubre, la asociación gremial de parceleros, Chile Rural, solicitó al 7° Juzgado Civil de Santiago abrir un juicio para determinar la legalidad del instructivo, ya que según ellos el Gobierno se está tomando atribuciones que en realidad corresponden al Poder Legislativo, lo que que el documento carecería de legitimidad, por lo que se pidió suspender el instructivo hasta que se resuelva el proceso judicial.
Según pudo corroborar Diario Financiero, esta semana la jueza Lidia Patricia Hevia acogió la petición y suspendió tanto el Ordinario N° 637 como el N° 475, circular emitida por el SAG que dio a conocer los criterios que utilizaría el servicio para rechazar las solicitudes de subdivisión.
Actualmente el proceso se encontraría a la espera de la notificación a las partes demandadas, es decir, las autoridades.
La postura de los parceleros
Según narra una nota de citado medio, los dirigentes de los parceleros han reclamado que el rol del SAG en las subdivisiones de terrenos se limita a verificar si el predio en cuestión tiene una superficie de, al menos, 0,5 hectárea física –mínimo exigido por la regulación- y si tiene acceso a algún espacio y/o camino público.
Por esto, consideran que el SAG obtuvo facultades que van más allá de lo que fija la ley. La postura de los parceleros es que una eventual regulación de los loteos debe venir desde el Congreso, por lo que el Ordinario N° 637 vulneraría la separación de los poderes del Estado.
Al respecto, Iván Muñoz, Gerente General de Urbano Proyectos señaló que «El problema de las parcelaciones rurales claramente es un fenómeno que hay que regular, deben ser factibles, pero en el marco de un crecimiento sustentable para las comunidades aledañas, ya que usan y abusan de su infraestructura de equipamiento y operación. Por lo que me parece deben invertir proporcionalmente por la infraestructura faltante. Sin embargo, como todos los cambios, deben realizarse en forma paulatina y programada para que funcionen».
Un conflicto que viene de antes
Cabe señalar que el conflicto entre el Gobierno y las inmobiliarias ya había llegado a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde distintas compañías presentaron recursos de protección. Varias empresas habían reclamado por millonarias inversiones que habían realizado en predios rurales y promesas de compraventa que habían suscrito con sus potenciales compradores.
Por otra parte, el Gobierno había insistido en los daños ambientales provocados por la proliferación de loteos, lo cual fue respaldado por organizaciones ambientales y algunas municipalidades, que habían pedido unirse a la causa en favor del Ejecutivo, según da cuenta El Financiero.
Otra arista relevante de considerar es que con la pandemia se instauró fuertemente el teletrabajo, por lo que duplicó la demanda por parcelas de agrado.
Discusiones en el Congreso
El tema de los loteos también se ha discutido en el Congreso.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en conversación con El Financiero reveló que el Gobierno planea ingresar un proyecto para regular el uso del suelo agrícola, que podría contemplar un aumento en la superficie mínima de las subdivisiones a dos hectáreas, así como un límite de lotes por proyecto.
En tanto, el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU), ha estado trabajando en propuestas para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para abordar la situación de las parcelas propiamente tal.
Los asesores del Gobierno han señalado ante los parlamentarios que una de las grandes preocupaciones de las autoridades es que la mayoría de los terrenos ya subdivididos aún no cuentan con una vivienda construida, por lo que los riesgos ambientales podrían verse incrementados en los próximos años.
