El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta un escenario cada vez más complejo: ya no solo debe responder a los cuestionamientos de la oposición, sino también a las críticas surgidas desde el propio oficialismo. La controversia por los 56 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores está poniendo a prueba la disciplina de las bancadas que respaldan al Presidente José Antonio Kast, pese a que el Mandatario ratificó al secretario de Estado en su cargo.
Uno de los nombres que más incomoda a La Moneda es el del diputado Hotuiti Teao, quien anticipó su disposición a respaldar una acusación constitucional si esta llega a votarse. “Si usted me pregunta si hoy hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo votaría a favor”, afirmó el parlamentario, marcando una distancia explícita respecto de la decisión presidencial de mantener a Rabat en el gabinete. Su postura tiene especial relevancia porque transforma el conflicto en un problema que podría afectar directamente la capacidad del Gobierno para ordenar sus votos en la Cámara.
La diputada Marlene Pérez también elevó la presión con una frase que resume el dilema político que atraviesa el sector: “La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”. La parlamentaria pidió que el Ejecutivo reconsidere la continuidad del ministro y advirtió que la polémica está perjudicando tanto al Gobierno como a sus representantes en el Congreso. Su posición apunta a que la responsabilidad política no puede quedar subordinada a la defensa automática de una autoridad cuestionada.
Acusación constitucional contra Rabat: los votos oficialistas que podrían cambiar el escenario
Omar Sabat se sumó a las voces que exigen la salida del ministro y calificó lo ocurrido como un “error garrafal”. El diputado sostuvo que la permanencia de Rabat está dañando al Gobierno y puso el foco en la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes. Aunque pedir la renuncia de un ministro no equivale necesariamente a comprometer un voto a favor de una acusación constitucional, sus declaraciones reflejan la profundidad del malestar dentro del sector.
Desde Renovación Nacional también surgieron cuestionamientos. Eduardo Durán sostuvo que el Gobierno no puede ser incondicional ante errores de esta magnitud y llamó al ministro a alejarse del cargo. Sin embargo, el parlamentario no ha comprometido públicamente su voto en una eventual acusación y ha planteado que corresponde analizar los fundamentos del libelo una vez que se conozcan formalmente. La distinción es importante: la presión por una renuncia política no significa, por sí sola, apoyo a una sanción constitucional.
Otros nombres aparecen en el radar de las negociaciones parlamentarias. Según reportes de prensa, Ximena Naranjo y otros integrantes de la bancada UDI estarían inclinados a respaldar la ofensiva, mientras Flor Weisse, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito se mantienen en reflexión. La postura de cada uno será determinante para establecer si la oposición logra sumar los apoyos necesarios, aunque las posiciones pueden cambiar durante la discusión y no corresponde dar por asegurados votos que todavía no se han confirmado.
La oposición anunció que avanzará con una acusación constitucional contra Rabat, vinculada a las decisiones que permitieron rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La iniciativa deberá sostenerse en argumentos jurídicos y reunir los votos necesarios en la Cámara. Si supera esa etapa, el proceso pasará al Senado, que tendrá la responsabilidad de resolver el juicio político conforme a las reglas constitucionales.
El ministro, por su parte, ha defendido que las resoluciones se ajustaron a criterios jurídicos y a la normativa aplicable. El Gobierno ha respaldado esa explicación y ha planteado la necesidad de revisar las falencias legales que permiten acceder a estos beneficios. Pero la defensa técnica no ha conseguido cerrar la discusión política: las víctimas y sus familias siguen en el centro de un debate que exige explicaciones claras sobre los procedimientos y las responsabilidades de las autoridades.
