Fue hace un mes que la Ministra de Salud María Begoña Yarza presentó una denuncia ante la fiscalía regional de Valparaíso, acusando a los equipos de salud del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, de la aplicación de supuestas torturas y tratos crueles e inhumanos, citando el artículo 150 A del Código Penal, en el marco de tratamientos de terapia electroconvulsiva (TEC).
Según sus declaraciones se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia, es decir, sin seguir las normas técnicas pertinentes.
Por otro lado, denuncia que los funcionarios públicos están accionando en forma contraria a la Ley Artis: “están infringiendo y realizando intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, considerando además que esta persona adolece a lo menos de una enfermedad psiquiátrica severa, su estado de salud es desmejorado, por lo que se encuentra en una situación de discapacidad, para efectos del mencionado tipo penal”.
Luego de ello, el 27 de mayo, el Colegio Médico envió una carta a la ministra indicando que la acusación fue «desmedida» y «ajena a la realidad», generando la primera polémica entre el Minsal y la entidad gremial.
Desde el Socialismo Democrático surgieron voces que consideran que es una denuncia «extremadamente grave», convocando a la titular de la cartera a que asuma su responsabilidad política al respecto. La acción judicial interpuesta por la ministra es el primer flanco que se abre en su relación con el Colegio Médico.
Desde la entidad gremial sostienen que el actuar de las autoridades fue desmedido y que no se acerca a la realidad del hospital.
Aún así, la ministra mantiene su postura ya que en la visita al hospital, pudo ver una serie de dificultades en funcionamiento del recinto; “nos preocupa enormemente el alto riesgo para las personas usuarias, desde la práctica de intervenciones fuera de norma técnica, la escasa supervisión y cuidado que deja expuesto a violencia a las personas, desde autoagresiones y suicidios, a heteroagresión, homicidio y vulneraciones de todo tipo, además del riesgo de tener pacientes adolescentes junto a adultos, lo que constituye una vulneración flagrante de derecho. Sumado a esto, no tenemos claridad que los pacientes no estén privados de libertad ilegalmente”.
Desde la entidad gremial agregaron que el centro hospitalario carece del recurso humano necesario, tiene una infraestructura absolutamente obsoleta, tiene brechas de equipamiento e insumos, y por supuesto, carece de los recursos financieros necesarios.
Pero esto, no tenía que ver con la acusación, ya que esta desprestigia al personal de salud, y presentar estos antecedentes ante el Ministerio Público, atribuyendo además el delito de tortura, les parecía absolutamente desproporcionado; “nos parece que se escogió un camino que genera un daño innecesario, que solo contribuye a estigmatizar más la terapia electroconvulsiva y los tratamientos de salud mental, que daña la confianza de la comunidad en sus centros de salud, y daña también a los equipos de salud”.
Cabe destacar que la Fiscalía está llevando a cabo la investigación correspondiente, a partir de la denuncia presentada por el Minsal, en un proceso que sigue su curso natural, según lo confirmó el Fiscal de Valparaíso, Javier Carrasco.
