El candidato presidencial José Antonio Kast sorprendió —o asustó— a buena parte del país al declarar que, aunque “jamás” indultaría a pedófilos, dejaría abierta la opción de perdón para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Durante un debate de campaña organizado por ANATEL, y en el marco de su llamado “Plan de Seguridad y Justicia”, Kast planteó que algunos casos de represores —por ejemplo soldados conscriptos que solo estaban “de guardia” en comisarías sin haber “apretado el gatillo ni tomado decisiones” activas— podrían merecer revisión.
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Indultos para violadores de DD.HH
La sola mención desató un terremoto político. Voces históricas del país —entre ellas la de Carmen Frei Ruiz-Tagle— y destacados abogados de derechos humanos salieron en bloque a denunciar la propuesta como una “afrenta directa” a las víctimas. “Es un doloroso retroceso, una regresión grosera para Chile”, advirtieron a través de una declaración pública.
El argumento de Kast apuesta por una mirada “humanitaria”, donde algunos presos, por edad o deterioro físico/mental, dejarían de ser considerados peligrosos. Ya en julio de 2025 había dicho que cada caso debería analizarse “en su mérito”, apelando a informes médicos y psicológicos.
Pero el coste simbólico lo expone crudamente: abrir siquiera la puerta al indulto de condenados por crímenes de lesa humanidad amenaza con reabrir las heridas que muchos chilenos pensaban cerradas. Es una señal política que sugiere que para ciertos postulantes a La Moneda, justicia, memoria y víctimas pueden terminar siendo variables de conveniencia.
