En un giro que ha reconfigurado la narrativa pública sobre uno de los casos más mediáticos de la reciente historia de violencia en el sur de Chile, el empresario Juan Carlos Morstadt —vinculado inicialmente con la desaparición de la mapuche Julia Chuñil— rompió el silencio tras la detención de los tres hijos de la mujer y su exyerno, quienes han sido formalizados por delitos que van desde parricidio hasta robo con violencia.
Morstadt, que durante meses fue señalado extraoficialmente por comunidades y redes sociales como posible responsable de la tragedia, ahora insiste en su inocencia y en que la verdad finalmente sale a la luz.
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En declaraciones recogidas por medios nacionales, Morstadt afirmó estar “impresionado de todos los casos que pasamos y de que me inculpaban a mí, me tenían como culpable” y sostuvo que con los nuevos antecedentes judiciales —que apuntan a familiares directos de Chuñil como autores del crimen— se está “conociendo la verdad”.
La declaración del empresario se produce luego de que Carabineros detuviera a los tres hijos de la víctima y a su exyerno bajo cargos que incluyen parricidio y homicidio calificado, además del presunto robo a un adulto mayor de avanzada edad, hechos que la Fiscalía ha estado investigando con diligencias que cobran fuerza tras meses de estancamiento.
Empresario señalado por desaparición de Julia Chuñil
La intervención mediática de Morstadt llega justo cuando el caso, inicialmente planteado en muchos sectores como una desaparición forzada ligada a un conflicto por tierras y tensiones ambientales, ha dado un giro radical hacia la hipótesis de violencia intrafamiliar.
Expertos judiciales y policías han señalado que, según los antecedentes recopilados, el foco investigativo nunca apuntó a una intervención de terceros externos como origen de la muerte de Chuñil, sino a un episodio violento que habría ocurrido en el entorno familiar de la dirigenta.
Este cambio de dirección ha provocado reacciones encontradas en la opinión pública. Por un lado, hay quienes celebran el avance judicial y la aclaración de quiénes podrían ser los verdaderos responsables de la muerte de Chuñil.
Por otro, la rapidez con que se pasó de vincular a un empresario forestal con la desaparición a focalizar la investigación en los hijos y allegados ha despertado sospechas sobre cómo operan las narrativas mediáticas en casos de alto impacto, alimentadas por redes sociales y sectores políticos que inicialmente levantaron la hipótesis de un crimen vinculado a intereses económicos o ambientales.
Mientras la Fiscalía prepara la formalización de cargos en el tribunal y sigue la búsqueda del cuerpo de Chuñil —que aún no ha sido hallado—, el empresario insistió en que la investigación “ratifica lo que siempre hemos sostenido: que mi representado no tuvo jamás participación en estos hechos”, según afirmó su defensa legal.
El impacto de estas declaraciones no solo reconfigura quiénes están bajo la lupa, sino que también abre un debate incómodo sobre cómo se construyen las culpabilidades colectivas antes de que la justicia confirme hechos concretos, y sobre cómo ciertos relatos pueden eclipsar los verdaderos detalles de una investigación compleja.
En medio de este escenario caliente, la historia de Julia Chuñil —que comenzó como un caso de activismo rural, pasó por una desaparición que conmovió al país, y hoy se perfila como un presunto crimen familiar— sigue sin cerrarse del todo, poniendo en tensión la percepción pública y las certezas judiciales que se van construyendo día a día.
