Los nexos y perfil del misterioso socio “fantasma” de la empresa Transportes Centenario, que Contraloría reinsertó a la fuerza en licitación por millonario negocio de electromovilidad en Villarrica.
El caso de la licitación de buses eléctricos de Villarrica acaba de abrir un tercer capítulo. Primero fue la decisión de la Contraloría General de la República de representar —es decir, no tomar razón— del decreto que adjudicaba el contrato a Trans18.
Luego vino el historial operativo de la empresa reinsertada en el proceso, Sociedad de Transportes Centenario Limitada, sancionada años antes por graves incumplimientos en Osorno.
Ahora, el foco se mueve hacia un personaje que parece tener importantes lazos con ex autoridades de Gobierno pero cuyo nombre cuesta encontrar entre las cabezas de lanza que transparentemente suelen competir en licitaciones públicas.
¿Quién está realmente detrás de la ofensiva administrativa y jurídica que logró devolver a Centenario a la carrera por un contrato estratégico de electromovilidad por medio del lobby ante la Contraloría?.
El nombre que comienza a repetirse en expedientes, fuentes del sector y antecedentes comerciales reservados es el de Andrés Alejandro Choi Lim, que sería una suerte de “socio fantasma”.
De hecho, se trata de una figura que no aparece en primera línea de la operación, que no registra una exposición pública equivalente a la de otros integrantes de la red, pero que sería clave en el diseño financiero y estratégico que permite a empresas de transporte moribundas entrar a licitaciones públicas con respaldo tecnológico, legal y económico de otra categoría.
La mano de «Alejandro Li»
Si bien públicamente en el mundo de los negocios, Choi Lim -de procedencia coreana- no es un nombre reconocido, sí se le puede vincular a diversas operaciones financieras vinculadas al millonario negocio financiero en torno al transporte de pasajeros como Alejandro Li.
De hecho, a él se le atribuye la poco convencional intervención de la Contraloría General de la República (CGR) en el freno de mano que experimentó la licitación de electromovilidad para Villarrica, donde el órgano contralor ordenó asignar a dedo uno de los precios que la oferta de empresa que Choi Lim apadrinó.
La Contraloría no adjudicó directamente el contrato, pero su dictamen sí bloqueó el decreto N°105 de 2026 del Ministerio de Transportes, que desestimaba ofertas y adjudicaba el concurso para operar buses eléctricos en la sureña ciudad.
El órgano contralor estimó que la diferencia entre los 2.637 UF informados por Centenario en un anexo y los 2.652 UF resultantes de multiplicar su cuota de flota por 51 buses podía ser tratada como una discrepancia “meramente aritmética”, ordenando al MTT estudiar nuevamente los antecedentes.
Ese giro administrativo tuvo un efecto práctico inmediato: reabrió la puerta a una empresa cuya oferta había sido excluida por la Comisión Evaluadora del MTT.
El proyecto no es menor: según la División de Transporte Público Regional, Villarrica incorporará 51 buses eléctricos estándar RED.
Se espera que para este fin de año, los vecinos de la ciudad lacustre viajen con aire acondicionado, WiFi, cámaras de seguridad, GPS, acceso universal, cabina segregada, contador de pasajeros y pago electrónico a bordo.
El nombre que no aparece
«No se de qué me habla… lo pasaré a spam…» Con estas palabras, el propio Choi Lim respondió a SintesisChile.cl cuando se le contactó por segunda vez, consultando cuál era su nexo con prominentes abogados que habrían intercedido a su favor ante la Contraloría.
Un día antes, el propio ciudadano coreano había sido especialmente locuaz para referirse a lo que llamó «el negocio de Villarrica», y para indicar que «consultaré a los abogados que lograron esto en la Contraloría».
Otro aspecto relevante es precisamente que a diferencia de otros actores vinculados al mismo circuito tecnológico y de transporte, su nombre no aparece con la misma nitidez en registros de lobby, presentaciones públicas o vocerías sectoriales.
De hecho, su baja visibilidad contrasta con el rol que fuentes del rubro le atribuyen: articulador financiero, asesor en la sombra y puente entre proveedores tecnológicos, operadores necesitados de capital y equipos jurídicos capaces de abrir camino ante la autoridad administrativa.
En esa red sí aparecen nombres y sociedades con huella pública más visible.
Una de ellos es Sung Jun Lee Choi, representante legal de Transidea SpA, en el Registro Central de Colaboradores del Estado, donde la empresa figura como institución privada beneficiaria de fondos públicos y con domicilio en Recoleta.
Transidea se presenta a sí misma como una compañía de soluciones tecnológicas para transporte público y minería, con servicios de gestión de flotas, aplicación para usuarios, conductores, WiFi a bordo.
En su sitio web, la firma señala que el “perímetro de exclusión se acerca” y que su sistema es un “aliado tecnológico” para ese tipo de operación.
SBS Chile, por su parte, describe sus aplicaciones Transidea y ETP como herramientas para que propietarios del transporte público conozcan operaciones de sus buses durante y después del funcionamiento diario.
¿Oferta tecnológica o financiera?
También destaca que su plataforma entrega ubicación “segundo a segundo” del vehículo, integra gestión de boletos, planillas y control de frecuencia.
Esa oferta tecnológica es relevante porque las nuevas licitaciones regionales de transporte público, como la de Villarrica, no solo compran buses o kilómetros recorridos.
También incorporan exigencias de control, trazabilidad, validación, información al usuario, GPS, cámaras, pago electrónico y datos operacionales.
Es decir, el negocio ya no está solo en operar máquinas: también está en controlar la arquitectura tecnológica que permite operar, fiscalizar y monetizar el sistema.
De hecho, clientes de Choi aseguran que el verdadero negocio del «socio fantasma» del rubro es poner el financiamiento, asegurar las altas tasas de rentabilidad que la electromovilidad proporciona y olvidarse del servicio al pasajero.
Lobby tecnológico antes de las licitaciones
Los registros de lobby muestran que esta red tecnológica ha mantenido contacto con autoridades de transporte desde hace años.
En 2018, Sung Jun Lee Choi sostuvo una audiencia en la Subsecretaría de Transportes para presentar a SBS Chile como operador tecnológico en transporte público.
Durante la cita se indicó expresamente que dentro de SBS Chile se encontraba Transidea, responsable del lanzamiento de la aplicación Mi Micro. En el encuentro, se abordaron temáticas como validadores, tecnologías y obligaciones de clientes en perímetros de exclusión.
Ese mismo año, otro registro de lobby vincula a Sung Jun Lee Choi con una solicitud sobre obtención de base de datos TNE para validadores a bordo de buses. Eran palabras mayores.
En 2019, Alejandro Lee Choi aparece en InfoLobby como gestor de intereses de Transidea SpA en una audiencia destinada a presentar experiencia de instalación de WiFi en buses.
En 2020, Sung Jun Lee Choi volvió a figurar en una audiencia ante la autoridad de Transportes en Valparaíso, esta vez presentando a SBS Transidea como empresa que implementó boleteros electrónicos con validación de adulto mayor en Rancagua, además de paraderos inteligentes y una aplicación móvil para buses.
Y en 2026, ya en plena expansión de los contratos regionales, el mismo Sung Jun Lee Choi aparece como gestor de intereses de SBS Chile representando a TransAlerce SpA en una audiencia presencial ante la Seremitt de Magallanes.
El punto no es menor. TransAlerce SpA figura en el Registro Central de Colaboradores del Estado como una empresa de transporte de pasajeros, constituida en 2023, beneficiaria de fondos públicos, con domicilio en Punta Arenas.
El mismo registro muestra transferencias recibidas desde la Subsecretaría de Transportes por subsidios al transporte público, con un total de $3.856 millones en 17 transferencias informadas para 2026.
La hipótesis del modelo: tecnología, datos y financiamiento
El patrón que describen fuentes del sector es simple, pero complejo de probar: primero se instala una solución tecnológica ante autoridades; luego esa solución se vuelve parte del estándar exigido o esperado para operar.
Después, aparecen empresas operadoras con necesidad de respaldo financiero, técnico o jurídico; finalmente, una red de proveedores, financistas y asesores captura valor en distintas etapas del negocio.
En esa hipótesis, Choi Lim no sería un operador tradicional de transporte.
De hecho, según este modelo -del que Choi Li no quiso comentar- no administraría terminales, conductores ni recorridos como actividad principal.
Su rol estaría más cerca del financista: detectar operadores con experiencia formal —incluso empresas debilitadas, sancionadas o con baja espalda financiera—, proveer respaldo económico, ordenar la oferta, costear equipos técnicos y legales de alto bueno, y luego capturar utilidades mediante tasas, contratos tecnológicos o participación indirecta en los flujos del negocio.
Fuentes que conocen el mercado de la electromovilidad regional sostienen que ese esquema permitiría presentar ofertas agresivas en precio, aun cuando el riesgo operativo posterior recaiga sobre el sistema, los usuarios y el propio Estado.
Según esos antecedentes, la ganancia del articulador no estaría necesariamente en prestar un buen servicio, sino en financiar el negocio a una tasa superior al costo real del dinero y asegurar contratos tecnológicos asociados a la operación.
De hecho, consultada la IA en fuentes abiertas estatales respecto de sus operaciones, el reporte fue en la misma dirección: describe una red “integrada verticalmente” donde proveedores tecnológicos como Transidea o SBS se conectan con operadores más bien débiles del transporte.
Centenario: la empresa que volvió por la ventana
El caso Villarrica vuelve delicada esa trama porque la empresa favorecida por el criterio de Contraloría no llega con un historial limpio.
Como reveló SíntesisChile.cl, documentos del propio MTT muestran que Sociedad de Transportes Centenario Limitada fue sancionada en 2023 por incumplimientos graves en Osorno.
La Resolución Exenta N°1850 resolvió procesos sancionatorios por abandono de servicio durante enero y febrero de 2022, respecto de los dos servicios que la firma operaba en la ciudad sureña.
La autoridad calificó la infracción como grave y aplicó cancelación de servicios, término anticipado de contrato, cobro de garantías y multa.
La propia defensa de Centenario alegó falta de motivación, desproporcionalidad, efectos de la pandemia, escasez de conductores y caso fortuito o fuerza mayor.
Pero el Ministerio rechazó esos argumentos y luego confirmó la decisión al rechazar el recurso jerárquico.
Pese a ese antecedente, menos de tres años después la empresa reapareció en una licitación estratégica para operar buses eléctricos en Villarrica.
Según informó la DTPR, Centenario participó con dos ofertas en el proceso, junto a Trans18, Sociedad Toro, Inmobiliaria e Inversiones Mejores Tiempos, Consorcio Omnibus Villarrica, Transportes Jorge Alarcón Jara, Consorcio Conecta Villarrica y Consorcio Conecta Sur.
Entonces, surgió la duda respecto de cómo una operadora de buses con sanciones recientes por abandono de servicio pudo volver a quedar en posición competitiva.
Ello, solo pudo pasar gracias a la intervención de la Contraloría.
El flanco legal y la ofensiva ante Contraloría
La defensa de la empresa que había resultado ganadora del concurso -Trans18- ha sostenido que la oferta de Centenario no podía ser evaluada sin reinterpretarla.
Según el escrito citado por este medio, la Comisión Evaluadora detectó una diferencia entre el pago mensual por provisión de flota indicado en el Anexo N°1 y el resultado obtenido al multiplicar la cuota de flota por la cantidad de buses ofertados.
Para Trans18, aceptar esa corrección posterior equivaldría a reconstruir una oferta económica fuera de las bases.
La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública en casos similares ha validado exclusiones cuando las ofertas no se ajustan a las bases o cuando las inconsistencias afectan elementos esenciales de la propuesta.
La defensa de Trans18 ha apuntado justamente a ese estándar: una cosa es corregir defectos menores; otra, elegir con posterioridad cuál precio quiso realmente ofertar un competidor.
En paralelo, fuentes del sector apuntan a la contratación de asesorías legales y técnicas de alto nivel para sostener la reclamación que terminó influyendo en el pronunciamiento de Contraloría.
Una de las líneas que aún requiere acreditación documental es quién financió esos equipos, bajo qué mandato y con qué estructura de pagos.
En fuentes abiertas no aparece todavía un contrato verificable que permita afirmar públicamente qué estudio jurídico específico representó o diseñó la estrategia de Centenario ante la Contraloría, por lo que ese punto sigue siendo una arista en investigación.
Chung Nim Choi, Transidea Chile y SBS Latam: la hebra societaria pendiente
Otro eje que surge en los antecedentes internos apunta a sociedades tecnológicas relacionadas con el entorno Choi: Transidea Chile SpA y Tecnología y Seguridad SBS Latam SpA.
Transidea Chile SpA figura en registros comerciales abiertos como una sociedad del rubro servicios de tecnologías de la información.
SBS Latam SpA, en tanto, aparece como sociedad por acciones activa en Recoleta, con actividad principal de venta al por mayor no especializada.
La Municipalidad de Recoleta también registra antecedentes de patente provisoria asociados a Tecnología y Seguridad SBS Latam SpA, para oficina administrativa de servicios tecnológicos de monitoreo.
Respecto de Chung Nim Choi, las fuentes revisadas por este medio lo mencionan como una posible pieza societaria o rostro formal en parte de esta arquitectura empresarial.
Sin embargo, esa relación requiere ser contrastada con certificados de constitución, modificaciones sociales, poderes vigentes y beneficiarios finales antes de presentarla como un hecho concluyente.
Dicha documentación no fue hallada durante esta investigación y el propio Nim Choi pareció no estar disponible para exhibirla.
El riesgo público: licitaciones capturadas por financistas
El caso revela un problema más amplio que el contrato de Villarrica. La electromovilidad regional abrió un mercado millonario en el que confluyen subsidios públicos, buses eléctricos, infraestructura de carga, software y datos.
Ese nuevo ecosistema permite que actores que no son operadores tradicionales de transporte puedan incidir decisivamente en licitaciones.
Pueden hacerlo desde la tecnología, desde el financiamiento, desde la asesoría legal o desde la estructuración de ofertas.
«El riesgo es que el Estado termine evaluando formalmente a una empresa operadora, cuando el negocio real está organizado por terceros que no aparecen en la carátula de la licitación» comentó al respecto un ex ministro de Transportes.
La Ley de Lobby permite seguir parte de esa huella, pero tiene límites.
Por eso, la verdadera interrogante es si el Estado chileno cuenta con herramientas suficientes para detectar beneficiarios finales, financistas indirectos, conflictos de interés tecnológicos y redes de asesoría que pueden alterar la competencia en licitaciones públicas.
Por ahora, el nombre de Choi Lim aparece como una pieza incómoda en un tablero donde el transporte público y el financiamiento privado comienzan a mezclarse con demasiada facilidad.
Y donde la gran paradoja es que una licitación diseñada para modernizar Villarrica terminó exponiendo una zona gris del sistema: empresas que compiten por buses eléctricos, pero cuyos verdaderos motores podrían estar fuera del expediente oficial.
Los nexos y perfil del misterioso socio “fantasma” de la empresa que Contraloría reinsertó a la fuerza en licitación de electromovilidad
