Una nueva controversia golpea al Gobierno. Esto tras la difusión de una llamada telefónica del ex asesor presidencial, Miguel Crispi, interceptada en el marco del caso Fundación Procultura. La conversación, sostenida el 7 de enero con su madre, la ex embajadora Claudia Serrano (PS), generó molestia en la familia del ex presidente Salvador Allende. A su vez, motivó una investigación de oficio por la fallida compra de la casa ubicada en Guardia Vieja, que perteneció al ex mandatario. «Pinchazo» a Crispi desató tensión entre Gobierno y familia Allende
«Llamó hasta al portero del ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así. Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado», se refería Crispi en la conversación filtrada, apuntando a Isabel Allende.
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La ex senadora Isabel Allende, hija del ex presidente, desmintió categóricamente las afirmaciones de Crispi durante la llamada. “Lo dicho por el Sr. Crispi es falso y constituye una falta de respeto a mi familia. No intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre”, señaló en un comunicado. La abogada Paula Vial, representante de Allende y de la ex ministra Maya Fernández, calificó las palabras del ex asesor como un intento de desviar responsabilidades. “Se enloda el nombre de Isabel y de toda la familia Allende por una pataleta de Miguel Crispi”, acusó.
Aunque Crispi renunció el pasado 10 de marzo, en la fecha de la conversación aún se desempeñaba como estrecho colaborador del Presidente Gabriel Boric. Esta situación ha generado incomodidad en La Moneda. En especial, luego del respaldo público que Boric dio a Isabel Allende tras su destitución como parlamentaria. “Tengo plena certeza de su integridad. Mi sincero cariño y eterno respeto”, declaró, desde la gira presidencial en la India.
El impacto de la supuesta solicitud contra Boric
La filtración también abrió un flanco comunicacional para el Ejecutivo, luego de que el medio Ex-Ante revelara que el fiscal Patricio Cooper habría solicitado acceso al teléfono del Presidente, lo que fue rechazado por los tribunales. En respuesta, la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry exigió aclaraciones a la Fiscalía, subrayando la gravedad que implicaría intervenir comunicaciones del Jefe de Estado.
Desde la Fiscalía descartaron referirse a controversia y se ampararon en la reserva del caso. «Las solicitudes de medidas intrusivas son controladas por los respectivos Juzgados de Garantía y no se entrega información sobre estas a terceros ajenos al proceso”, informaron, a través de un comunicado.
Sin embargo, sus declaraciones fueron matizadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien advirtió sobre la reserva reforzada que rige las investigaciones por delitos como el lavado de activos. “Cualquier referencia pública podría infringir la ley”, señaló. En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a respetar el Estado de Derecho y evitar especulaciones. La polémica evidencia las tensiones internas y los riesgos que enfrentan las autoridades frente a filtraciones judiciales en causas sensibles.
