No fue un rumor de pasillo. Fueron chats. Mensajes directos, concretos, incómodos. Y hoy tienen a la senadora Camila Flores en el centro de una investigación que ya dejó de ser política para entrar de lleno en el terreno penal. La llamada “cuota Flores” —un mecanismo que durante años se comentó en voz baja— ahora tiene respaldo documental y cifras que empiezan a escalar.
La indagatoria de la Fiscalía de Valparaíso apunta a un presunto esquema donde asesores parlamentarios debían devolver parte importante de sus sueldos en efectivo. No era voluntario ni ocasional: según los antecedentes, se trataba de una práctica sistemática que se habría extendido por años, al menos entre 2018 y 2025, con un perjuicio que bordearía los $300 millones.
Chats comprometen a Camila Flores
Pero lo que terminó de encender la mecha fueron los chats. Conversaciones donde se coordinaban entregas de dinero, se ajustaban montos y se hablaba derechamente de sobres en efectivo. En uno de los intercambios, incluso se fija cuánto debía quedarse el trabajador y cuánto debía entregar. No es interpretación: es logística. Un mecanismo aceitado que, según la denuncia, funcionaba mes a mes sin mayor ruido.
En este engranaje aparece una figura clave: la secretaria del equipo parlamentario, quien —según la investigación— habría actuado como intermediaria en la recolección del dinero. Era el nexo operativo entre los asesores y la parlamentaria, coordinando retiros en efectivo y encuentros para la entrega. Un detalle no menor, porque refuerza la tesis de que no se trataba de hechos aislados, sino de una estructura organizada.
El golpe político es evidente, pero el trasfondo es más profundo. Otra vez el uso de asignaciones parlamentarias queda bajo sospecha. Otra vez el sistema muestra grietas donde el control parece llegar tarde. Y otra vez la pregunta incómoda: ¿cuántas “cuotas” más existen sin haber sido todavía expuestas?
Por ahora, la defensa descarta irregularidades y habla de una denuncia anónima sin sustento. Pero en paralelo, los chats ya están en manos del Ministerio Público. Y en política, cuando los mensajes hablan por sí solos, el costo no suele quedarse solo en lo judicial.
