En noviembre del 2021 entró en vigencia la nueva ley de Aportes al Espacio Público, en la que se establece que todo proyecto de obras debe ingresar al sistema de evaluación de impacto en la movilidad (SEIM).
Esto incluye tanto megaproyectos, hasta una ampliación de una vivienda, y el tamaño de éste determinará el tipo de IMIV (Informe de mitigación de impacto vial) que se realizará.
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Un modelo que ha traído más que algún problema para el rubro inmobiliario y que en su primer año de puesta en marcha, aún existen zonas grises sobre su implementación.
Para conocer más sobre cómo se ha implementado esta ley, conversamos con el arquitecto Felipe Errázuriz, Socio de REC Arquitectos y Director de Inmobiliaria Activa, con quienes ganó el premio Aporte Urbano en 2021.
¿Cuál es el balance preliminar respecto del funcionamiento de la norma que usted puede hacer?
El tipo de aporte indirecto, que se hace en dinero, se produce al momento de la recepción final, por lo que no es posible hacer un balance aún, pero sin duda va a significar un costo adicional.
Si este aporte se traduce en un mejoramiento al barrio o a la ciudad, uno estaría dispuesto a hacerlo. Lo que pasa es que no sabemos si eso finalmente va a ser así; no sabemos si la plata se va a gastar donde más se necesita, ni si las comunas van a ser capaces de tener los planes necesarios para hacer esas inversiones. En muchos casos, esos planes todavía no existen.
Los aportes directos, que son los IMIV, sí tienen consecuencias inmediatas porque tienen que ingresarse al momento de presentar el permiso y estar ejecutados antes de la recepción final de los proyectos. Para algunos proyectos, ha significado más tiempo en aprobación, más costo y más tramitación.
Adicionalmente, las medidas exigidas por estos estudios no siempre sirven para mitigar los impactos del proyecto, sino que se usan para suplir carencias de una comuna; como pavimentar una calle, por ejemplo. Hay un área gris aún que, en muchos casos, entrega resultados injustos.
A su juicio, ¿en qué proporción aumentó la tramitación de proyectos y permisos de edificación?, considerando que hoy todos los proyectos deben tramitar sus permisos?
Para los proyectos de escala media – que no tenía estudio de impacto vial- se alargaron los plazos y han aumentado los costos. Los proyectos grandes ya los tenían, por lo que, para ellos, el que el permiso tenga esta exigencia es menos grave.
El proyecto grande tiene un impacto importante que se produce de manera inmediata al entrar en operación. El proyecto de escala media, en cambio, tiene un efecto incremental en el tiempo que permite a la ciudad adaptarse. En este caso, es más discutible que realmente se requiera hacer estas mitigaciones específicas.
El objetivo de la ley siempre fue igualar la cancha. En principio, esto es justo, pero una cosa es pagar y otra es tener que elaborar y tramitar un estudio, con los costos y plazos que involucra. Esto, más que igualar la cancha, se la dificultó a los proyectos de escala media.
En qué proporción aumentó, con la nueva norma, la tramitación de permisos de edificación.
Para los proyectos sobre 250 estacionamientos, no le significó un gran cambio. Para los proyectos medianos y chicos, les aumenta el plazo por la tramitación del estudio. Se alarga en promedio un 40%, que significan unos dos o tres meses, a lo menos.
Cuáles son a su juicio, las principales bondades y cuáles las principales carencias del nuevo modelo.
Yo no soy muy optimista del modelo, pero dentro de las cosas buenas que tiene, es que todos los proyectos -de distintas escalas- aporten. Es lo bueno, al menos, en el espíritu.
Lo malo es que le alarga el plazo y aumenta el costo a los proyectos más chicos siendo una desventaja comparativa con los de mayor tamaño. Estas son malas noticias para la ciudad, ya que los proyectos de escala media son más amables y menos resistidos por las comunidades.
La gran desventaja es que, en lugar de hacer más simple y objetivo el sistema, éste se complejizó para los proyectos medianos. Es complicado porque te enfrentas a una incertidumbre respecto de lo que te van a pedir, con criterios distintos dependiendo de la comuna, consultores, etc. Hay mucha arbitrariedad en el sistema, provocando una distorsión en la toma de decisiones.
En cuanto a la tramitación de los IMIV, ¿qué elementos consideran como óptimos y qué elementos creen que hay que modificar?
Nosotros hemos tramitados ya varios IMIV. Los plazos han sido cercanos a los esperados. Yo tenía preocupación de que fueran procesos interminables y no ha sido así.
Creo que hay que homogeneizar los criterios de lo que se pide, ajustándolo a la escala del proyecto, y avanzar mucho más en la predictibilidad del costo de medidas de mitigación.
El ideal sería que los proyectos pudieran optar por hacer el estudio o pagar una tarifa. Un cambio de ese tipo, sería un tremendo avance.
Respecto del anuncio de la ministra del Interior, hace dos semanas, sobre el aumento de presupuesto para incentivar la tramitación rápida de los permisos… ¿cuáles son sus comentarios?
No creo que la solución pase por un aumento del gasto público, sino por una mejor gestión.
Lo que falta, primero, es una fiscalización de cómo está el nivel de atraso de las direcciones de obra. Se requiere un diagnóstico claro, que haga conocidos los plazos de tramitación reales, antes de plantear una solución.
Hay direcciones de obra a las que parece no importarles incumplir los plazos . Por eso, el primer esfuerzo debiera estar en hacer un diagnóstico de la situación. Y, luego, buscar un camino para mejorar.
Existe alguna evaluación de su parte respecto de la cuántos permisos se tramitaban (solicitan) hasta antes y cuántos se solicitan desde la puesta en marcha.
No tengo esa información, pero entiendo que los permisos han bajado del orden del 40%. Sin embargo, creo que no es efecto de este sistema, sino que se relaciona con la incertidumbre-país para los años que vienen.
La baja de la cantidad de permisos no es resultado de los IMIV, en mi opinión, salvo de manera marginal.
