Una escena de violencia que preocupa y escandaliza se registró a plena luz del día en La Reina, cuando una banda compuesta mayoritariamente por jóvenes —ocho mujeres y un hombre, con edades entre 14 y 21 años— interceptó a una mujer para robarle su teléfono en un ataque violento que terminó en formalización judicial. En medio del proceso, una de las menores de edad lanzó una frase que encapsula la crisis de responsabilidad y justicia en Chile: “no me pueden pegar porque soy menor de edad”, como si eso justificara su participación en el abuso.
El hecho ocurrió el miércoles 28 de enero a las 16:30 horas en el cruce de avenida Ossa con Las Arañas, mientras la víctima caminaba rumbo al Metro Príncipe de Gales. El grupo, actuando de forma coordinada, la lanzó al suelo, la golpeó con pies y puños y le sustrajo un iPhone 16. A pesar de la violencia, la mujer logró levantarse, huir y encontrar apoyo en compañeros de trabajo cercanos al lugar.
Lo que debería haber sido una simple descripción judicial se transformó en un momento de incredulidad nacional durante la audiencia de formalización: varias de las imputadas —menores de edad— alegaron haber sido agredidas por la víctima y su acompañante, como si eso desvaneciera su propio comportamiento delictivo. “La señora a quien le robamos me pegó con la cartera”, aseguró una de ellas, mientras otra repetía el argumento de la menor de edad, intentando evadir cualquier consecuencia física real por sus actos.
“No me pueden pegar porque soy menor”
Los efectos de la emboscada no fueron menores: la mujer sufrió lesiones contusas en el rostro, edemas, escoriaciones en extremidades superiores y fracturas en los dedos medios de ambas manos, según el informe médico. No fue un simple “jale” de teléfono: fue un ataque planificado y brutal que deja claro que, más allá de las edades, estos jóvenes están manejando violencia organizada con desprecio por la vida ajena.
La frase de la menor —“no me pueden pegar porque soy menor”— no solo refleja una actitud desafiante ante la ley, sino que pone en evidencia un problema más profundo: la percepción de impunidad que tienen muchos adolescentes frente al sistema judicial chileno, y cómo esa percepción se traduce en acción cuando se sienten respaldados por su edad. Esta lógica de defensa —en la que la minoría de edad se convierte en escudo retórico para justificar un delito grave— abre un debate urgente sobre la responsabilidad penal juvenil, la eficacia de las medidas socioeducativas y la respuesta estatal frente a bandas juveniles violentas.
Mientras la Fiscalía formaliza a todos los integrantes del grupo, incluyendo a las menores, la sociedad observa con creciente alarma cómo la violencia callejera y la justificación de actos criminales bajo pretextos legales sacude la confianza en el sistema de justicia. Lo ocurrido en La Reina no es un hecho aislado, sino un síntoma: uno en el que la edad deja de ser protección para convertirse en excusa para la agresión.
