El diputado Diego Schalper (RN) encendió ayer el debate político con un duro emplazamiento al presidente Gabriel Boric por la entrega de una pensión de gracia a uno de los detenidos durante el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde varios imputados, entre ellos un joven de 21 años, están acusados de homicidio frustrado contra Carabineros y porte ilegal de armas.
La polémica, que ya estaba en trámite tras la viralización de su situación, se convirtió en un nuevo foco de crítica hacia La Moneda sobre la falta de criterios claros y revisión de estos beneficios estatales.
“Presidente Boric, ¿cuándo va a ser el minuto en que usted va a revisar aquellas pensiones de gracia que usted asignó en este gobierno y va a eliminar aquellas pensiones de gracia de gente que sigue cometiendo delitos?”, interrogó Schalper sin medias tintas durante la entrevista en Radio Agricultura, marcando claramente su estrategia: ligar el tema de fondo —la pensión de gracia— con seguridad pública y el resguardo del orden.
La figura del beneficiado en cuestión —identificado en registros oficiales como uno de los 418 pensionados por el Estado en virtud de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social— ha encendido la llama de la polémica precisamente porque, según las autoridades, no solo aparece en el listado sino que su caso se ha vuelto emblemático de un debate mayor: ¿es legítimo que quien ha recibido un beneficio del Estado se vea involucrado en hechos de violencia después de otorgado?
Schalper fulmina a Boric por pensión de gracia
El Gobierno ha intentado matizar la situación, aclarando que el joven figura en el listado oficial que comenzó a regir en septiembre de 2022, con beneficios que llegan al equivalente de dos ingresos mínimos mensuales, y que el simple hecho de estar en registros no implica que haya recibido de forma efectiva todos los pagos.
Sin embargo, para sectores de la oposición, como Schalper, esto es apenas una excusa institucional frente a un problema que ha escurrido de las manos del Ejecutivo.
Además, Schalper aprovechó la instancia para cuestionar otros aspectos del manejo de La Moneda en estas materias: desde lo que él percibe como una defensa prematura de quienes han estado en situaciones conflictivas hasta el reciente episodio en que Boric sostuvo en televisión que otro actor habría incluido a Luis Castillo en un decreto de indulto, algo que el diputado calificó como potencialmente constitutivo de delito si no se explica con transparencia.
Lo dicho por Schalper no cae en el vacío político. En otros momentos, el parlamentario ha sido una voz crítica frente a cómo se han aplicado las pensiones de gracia, pidiendo incluso que se revise todo el proceso administrativo y se recurra a organismos como la Contraloría para encontrar responsabilidades claras sobre las entregas a personas con antecedentes.
El cruce de opiniones pone de relieve una tensión latente: ¿deben los beneficios estatales ser revisados caso por caso con criterios de conducta posterior o el enfoque debe seguir siendo reparador sin mirar lo que ocurra después? En la arena política, esa pregunta ya no es abstracta, y la respuesta podría influir en cómo se percibe la seguridad, la justicia y también la memoria del estallido social en Chile de aquí al término del gobierno de Boric.
