La directiva de la Democracia Cristiana, que lidera el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, ingresó una querella por ‘administración desleal’ en contra del ex timonel del partido, Fuad Chahín, acusando daño al patrimonio del partido en la venta de una propiedad y el posterior fracaso en la venta de otras dos.
La denuncia que fue ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ayer apunta directamente a Chahín, quien estuvo al frente de la falange entre 2018 y 2020, periodo en que se realizaron las transacciones que se acusan.
El libelo acusatorio fue filtrado deliberadamente a los canales de TV y otros medios de comunicación tras ser declarada admisible por el tribunal.
En lo medular, la directiva acusa al ex convencional por la venta de una propiedad del partido en calle Millalongo 22, comuna de La Florida, a cambio de un monto inicial de $380 millones, monto que posteriormente habría sido casi duplicado en un nuevo contrato, presumiblemente sin ser informados los militantes del partido.
Según la querella, patrocinada por el abogado Pablo Méndez, a la que tuvo acceso SintesisChile.cl «el señor Chahín celebró una serie de contratos sobre inmuebles de propiedad del PDC, que comprometen seriamente su patrimonio, pagó comisiones fuera del valor de mercado, vulneró las limitaciones del artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.603, permitió se gravaran bienes del Partido, sin autorización alguna y vulneró los acuerdos de la instancia respectiva en la celebración de éstos contratos».
La acusación solicita que se encargue la investigación a la brigada de Lavado de Activos de la PDI, la declaración de Carmen Frei Ruiz-Tagle «quien sucedió en la presidencia del PDC a Fuad Chahín y puso en conocimiento del Partido los hechos denunciados».
Penalidad
Según una publicación de la Biblioteca del Congreso en marzo de este año, el presunto delito de «administración desleal» se asimila con el delito de «defraudación» según el artículo 467 del Código Penal, por lo que en caso de resultar favorable al PDC el fallo, el imputado recibiría una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, que va desde los tres años y un día, a 5 años y que en su tramo mínimo va desde 1.096 días a 1.461 y en su tramo máximo desde 1.462 a 1.825 días.
