Un nuevo escándalo pone en duda el compromiso con la gestión pública de una carta a La Moneda. A su vez, sobre la ética en el manejo de fondos estatales. Contraloría detectó danza de millones que Jara adjudicó a organizaciones del PC.
La Contraloría reveló que en 2017, durante la gestión de Jeannette Jara como subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de Bachelet, se entregaron $120 millones del Fondo para la Educación Previsional (FEP) a dos organizaciones ligadas al Partido Comunista: ICAL y CENDA. Una auditoría de 2018 detectó irregularidades: entre los beneficiarios de los cursos habían personas fallecidas y RUT falsos.
Así lo dio a conocer el medio El Libero.cl. Los beneficiarios incluían seis personas muertas que figuran en los listados de asistencia: cuatro en ICAL y una en CENDA, según el Informe Final N°304 del 30 de agosto. Además, se hallaron 21 RUT mal identificados, 19 de ellos pertenecientes a personas fallecidas. Doce asistentes aseguraron no haber asistido a los cursos, aunque figuran registrados.
El ICAL, fundado por el Partido Comunista y vinculado a la Universidad Arcis, recibió $60 millones. Su actual director, Fernando Carmona, es parte del comando de campaña de Jara, siendo una pieza clave en su equipo programático. CENDA, también beneficiario de $60 millones, está liderado por Manuel Riesco, vicepresidente y miembro comunista, cercano a ex ministros del mismo partido. Riesco fue director de AFP Futuro entre 1994 y 1996.
Contraloría también detectó que ambos centros promovieron al movimiento No+AFP durante los programas financiados por el FEP, una acción que contraviene el objetivo del fondo.
Jara, en 2018, criticó la demora de Zaldívar en el concurso FEP y subrayó conflictos de interés. Pero cuatro meses después, Contraloría publicó el informe que denuncia estas irregularidades.
Las organizaciones reflejaron un uso político y administrativo inadecuado del FEP. El ICAL incluso promocionó en redes sociales la candidatura de Jara, mientras CENDA facturó en el actual gobierno para la realización de tests de VIH.
El caso resalta la falta de control fiscal en programas públicos y el uso de recursos con fines partidistas. La Contraloría cuestiona la transparencia en las adjudicaciones, apunta a la presencia de “asistentes fantasmas” y rechaza el uso del FEP para campañas políticas. ¿Este será un golpe para la actual aspiración de Jara de llegar a La Moneda?
