Una solicitud para liberar el secreto bancario de los tres principales implicados en el denominado caso ‘Democracia Viva’ elevó la Fiscalía nacional a la justicia.
El pedido, que involucra a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez; su ex pareja, el militante Daniel Andrade, y el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras.
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Según informó La Tercera, la solicitud -ingresadaal juzgado de Garantía de Antofagasta- incluyó dos elementos clave para el éxito de la investigación.
Esto es que el alzamiento del secreto bancario se ordene «sin previa comunicación de los afectados» y que la solicitud «no sea registrada en la web del Poder Judicial».
Lo anterior, según se informó, porque “resulta indispensable, para reunir antecedentes que permitan acreditar los delitos investigados, el alzamiento del secreto bancario”.
Recordemos que el denominado caso Democracia Viva fue el primero de los escándalos surgidos respecto de los traspasos irregulares de fondos fiscales a entidades privadas vinculadas al oficialismo.
Cabe tener presente que en junio pasado, tras el estallido el caso, la diputada Pérez había descartado algún vínculo con las irregularidades en torno a Democracia Viva.
“No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros”, dijo entonces.
Caso Democracia Viva
En particular, el escándalo reventó cuando funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda filtraron el traspaso de $420 millones a la fundación Democracia Viva.
La entidad, encabezada por la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, recibió los fondos públicos del entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quién había sido jefe de gabinete de la parlamentaria.
Otro de los cuestionamientos al convenio apuntó a que Democracia Viva no contaba con la experiencia necesaria para ejercer labores de apoyo técnico en materia de vivienda social.
El secreto bancario asegura por ley la prohibición para que terceros puedan tener acceso a las cuentas financieras de un cliente bancario.
La solicitud de levantamiento obtener información respecto de si parte de los fondos traspasados por el Estado tuvo como destino las cuentas de alguno de ellos.
Recordemos que hace pocos días se conoció un informe de la PDI que vinculó a Caralina Pérez con el posible delito de tráfico de influencias con Contreras y Andrade.
Dicho informe advirtió que fue Carlos Contreras quien invitó a participar, «a través de convenios, a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra».
Ello, pese a quese advirtió sobre la «falta de experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
