En medio de la polémica por su nombramiento como ministra de la Mujer y la Equidad de Género en el gobierno de José Antonio Kast, un episodio del pasado de Judith Marín volvió a tomar relevancia: fue desalojada de una protesta por su postura contraria al aborto, un hecho que ayer circuló con fuerza en redes y que ahora pone bajo la lupa cómo sus convicciones personales pueden incidir en la conducción de políticas públicas para todas las mujeres del país.
El episodio ocurrió hace varios años, cuando Marín participó activamente en manifestaciones conservadoras contra la despenalización del aborto en Chile. Documentos de archivo muestran que, en una concentración frente al Congreso, efectivos policiales terminaron retirándola junto a otros manifestantes luego de que la protesta interfiriera con el tránsito y la seguridad pública. Este hecho, que para muchos pasó desapercibido en su momento, ahora es interpretado como una señal de firmeza ideológica, pero también como un posible indicio de la postura que podría imponer en su nueva cartera.
También te puede interesar
Lo que hoy genera debate no es solo la postura en sí —que muchos sectores de derecha celebran como coherente—, sino el contraste con las expectativas de una cartera dedicada a la equidad de género en un país profundamente fracturado en torno a los derechos reproductivos. Para organizaciones feministas y grupos pro-derechos, este antecedente no es anecdótico: es un síntoma de sesgos que podrían determinar cómo se abordarán temas sensibles como el aborto, la salud sexual y la autonomía corporal en los próximos cuatro años.
El pasado que incomoda a Kast
De hecho, el nombramiento de Marín ha sido recibido con preocupación por parte de amplios sectores de la sociedad civil. No solo por su historial en protestas anti-aborto, sino porque sus declaraciones públicas han reflejado posturas que muchos consideran contrarias a las agendas de género contemporáneas, especialmente en materia de derechos reproductivos y acceso a servicios de salud integral. La cuestión, para sus críticos, no es solo ideológica, sino práctica: ¿quién liderará políticas de apoyo a mujeres si sus posturas priorizan discursos contrarios a decisiones autónomas de sus cuerpos?
En respuesta a las críticas, voceros del equipo de Kast han argumentado que Marín “representa una voz conservadora necesaria en un gabinete plural”, y que su papel se centrará en programas de apoyo social, protección contra violencia y fortalecimiento familiar. Sin embargo, actores feministas han señalado que estas frases pueden sonar bien en abstracto, pero cuando se traducen en políticas concretas, terminan recortando derechos y accesos que muchas mujeres consideran fundamentales.
Este contraste —entre el pasado activista de Marín y las funciones que ahora se le encomiendan— ilustra el desafío de construir un ministerio que debe atender a todas las mujeres, no solo a un sector ideológico específico. Sobre todo en un país donde las discusiones sobre aborto, identidad de género y educación sexual siguen siendo focos de tensión social y política.
