Una revisión casi fortuita de remuneraciones en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género destapó lo que podría ser uno de los peores deslices administrativos en la historia reciente de la cartera: un error sistemático en el cálculo de sueldos que se arrastra desde 2020, generando pagos indebidos por un total de cerca de $312 millones al Estado. El hallazgo fue obra de un funcionario recién contratado, que al poco de asumir notó inconsistencias graves en los reajustes de las altas remuneraciones.
El caso salió a la luz tras el cambio en la subsecretaría en marzo de 2025, cuando Claudia Donaire asumió el cargo reemplazando a Luz Vidal. Durante la revisión de finiquitos y remuneraciones de Vidal, el nuevo encargado detectó que la Ley N°21.599, que regula los reajustes generales del sector público, había sido aplicada de forma incorrecta desde la reforma constitucional de 2020. Este fallo permitió que las autoridades de la cartera —incluida la ministra Antonia Orellana— recibieran sueldos superiores a los permitidos por la normativa vigente.
La consecuencia más inmediata fue la obligación de devolver recursos al fisco. En abril del año pasado, Orellana reintegró más de $12 millones, mientras que la exsubsecretaria Luz Vidal devolvió cerca de $13 millones, ambos referidos al monto bruto percibido en exceso (que, al ser bruto, incluye cotizaciones previsionales y de salud y complicará la recuperación de esos montos desde AFP e isapres).
Ministerio de la Mujer ocultó error salarial
Pero lejos de quedar ahí, la cartera encargó una auditoría externa que reveló que 42 seremis y cinco autoridades nacionales también recibieron pagos mal reajustados entre diciembre de 2020 y mayo de 2025, lo que ha extendido el núcleo del problema mucho más allá del centro administrativo.
Lo que podría haberse tratado de una falla menor terminó revelando deficiencias severas en los controles internos del ministerio: auditorías internas tanto en 2021 como en 2025 no detectaron nada, pese a que el error se extendió durante más de cinco años. Esto ha generado una inquietante pregunta sobre la eficacia del manejo de recursos públicos en una cartera que, por mandato, debería predicar por la transparencia y la correcta administración de fondos.
La situación se encuentra bajo un sumario administrativo reservado, destinado a establecer responsabilidades y sanciones —si las hay— para quienes dejaron pasar estas inconsistencias sin corregirlas. Desde el ministerio han defendido las medidas adoptadas, asegurando que se han reforzado los controles y que el análisis externo permitirá evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
