El candidato presidencial José Antonio Kast reavivó la tensión en el debate migratorio al anunciar este 28 de noviembre que, de ganar las elecciones, los extranjeros en situación irregular en Chile “tendrán que salir con lo puesto”.
Desde Arica, Kast insistió en que los migrantes irregulares tienen un plazo —cerca de 103 días— para abandonar voluntariamente el país. Si no lo hacen, advirtió que su gobierno los expulsará, “sin derecho a traer pertenencias” y bajo la sombra de la detención.
Kast reimpulsa su plan de expulsiones
El llamado no pasó desapercibido: organizaciones sociales, especialistas en migración y dirigentes de la oposición han comenzado a denunciar que la propuesta carece de bases reales. Entre los señalados está Víctor Higuera —dirigente comunitario venezolano radicado en Chile— quien apuntó que una política de expulsión masiva será “mucho más cara y menos viable” que abrir canales de regularización.
Además, desde el oficialismo, la carta presidencial Jeannette Jara calificó el plan de Kast como “insólito” e “imaginario”, y alertó que para mandar de regreso a más de 330.000 personas se requeriría una logística tan imposible como 9 vuelos diarios durante un año, o un vuelo diario por nueve años consecutivos.
El anuncio de Kast vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿es esta una propuesta de seguridad o un acto de coerción que invisibiliza a miles de personas con familia, trabajo y comunidad en Chile? Con su advertencia retórica, el candidato agrava un clima de miedo —y vulnerabilidad— para migrantes que ya sienten en sus espaldas una cuenta regresiva.
